Patricia Chandomí / Cimacnoticias
18-7-2014
18-7-2014
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De enero a mayo de este año en Chiapas padres y madres de familia han denunciado ante las autoridades correspondientes a siete maestros de escuelas primarias y secundarias públicas, que han cometido delitos sexuales contra al menos 32 niñas.
Los casos se han registrado en los municipios de Las Margaritas, Arriaga, Tila, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza y Chanal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos, cometidas contra 10 niñas indígenas tojolabales, presuntamente acosadas y abusadas sexualmente por un profesor de la escuela de la comunidad Ejido Nuevo de San Juan Chamula, en el municipio de Las Margaritas.
El pasado 11 de marzo, el maestro Román Román fue detenido por madres y padres de familia, quienes a su vez presentaron la denuncia ante autoridades locales luego de que sus hijas dijeron que el profesor las golpeaba con una regla y les pedía que se subieran la falda, para después abusar sexualmente de ellas.
El pasado 21 de marzo, cientos de maestros de la Coordinadora Regional Tojolabal, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon y se manifestaron frente al Centro de Reinserción Social Número 10, en el municipio de Comitán, para pedir la liberación del maestro detenido.
Dijeron que el docente había sido detenido de manera injusta “por personas que quieren dividir a la Coordinadora”.
Ese mismo día por la tarde, el profesor acusado de abuso sexual fue liberado tras pagar una fianza de 35 mil pesos. Tan pronto como supieron la noticia, el sábado 22 de marzo por la mañana los padres, madres de familia y sus hijos bloquearon la carretera fronteriza a la altura de la comunidad Nuevo San Juan Chamula.
En marzo pasado también la niña Jandy, en el municipio de Arriaga, denunció al profesor Juan Esteban Marcial Villalobos, de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, por abusar de varias niñas a quienes presuntamente les tocó sus genitales.
Jandy acusó al docente, quien la amenazó con reprobarla si lo denunciaba. Otras seis niñas más también dijeron que el maestro las tocó.
Padres y madres de familia denunciaron también a la supervisora escolar porque cuando le informaron de los abusos, en lugar de apoyarlos les dijo que si denunciaban ya no iban a mandar personal docente a la escuela.
La supervisora les dijo que lo único que pasaría es que Marcial Villalobos sería cambiado de escuela, es decir, les dio a entender que el castigo sería mínimo y que lo mejor era dejarlo así.
El pasado 22 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que otras dos menores de edad, una de 16 años y otra de 13, sufrieron acoso y violencia sexual de parte del maestro José Antonio Aguilera Morales, en la escuela Telesecundaria 233 Juan Sabines Gutiérrez, en la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Tila.
Igualmente, por el probable delito de pederastia, corrupción de menores, estupro y lo que resulte, fue denunciado el profesor Julio César Ocaña Mota ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y la Familia.
El docente de la Escuela Secundaria Técnica número 10 fue señalado de abusar sexualmente de una alumna de tercer grado a quien con engaños sacó de la escuela durante el horario de clases, para luego drogarla. El caso está bajo la causa penal AA43/SE74-FAVMyF/2014.
El pasado viernes, los padres de la niña de 15 años trataron de hablar con el profesor para que les diera una explicación, sin embargo el director de la escuela les dijo que desde hacía una semana Ocaña Mota estaba “de permiso” en la capital del estado y que tardaría una semana más en regresar.
El 26 de marzo de 2014, el profesor Luis Olivares Franco, maestro de segundo grado de primaria, abusó sexualmente de una niña de siete años de la escuela primaria Héroe de Nacozari, en la colonia Independencia, en San Cristóbal de las Casas.
Después de varios meses, el docente simplemente fue removido a otra escuela primaria de la ciudad.
En 2010, en la Escuela Primaria Benito Juárez García, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Julio César Montes de Oca Contantin fue señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual contra una adolescente de 15 años, quien quedó embarazada. Ese caso quedó impune, ya que el juez dictaminó que no había elementos para acreditar el delito.
En la comunidad El Naranjal, en Chanal, el profesor y agente auxiliar municipal Martín Entzin López fue acusado en 2011 de haber abusado sexualmente de dos niñas; una de ellas presentó un embarazo.
Según consta en la averiguación previa correspondiente, hay indicios de que se cometió el delito de trata de personas en contra de otras cinco niñas.
Complicidad de autoridades chiapanecas
Grupos civiles denunciaron que las autoridades educativas y de procuración de justicia de Chiapas actúan con impunidad y complicidad en el caso de las 32 niñas y adolescentes que en lo que va de 2014 fueron víctimas de violencia sexual en escuelas públicas, por lo que exigieron justicia, reparación del daño y garantías de derecho para ellas y otras niñas y adolescentes de la entidad.
En un pronunciamiento, activistas informaron que de enero a mayo de este año documentaron siete casos de violencia sexual por parte de profesores en contra de al menos 32 niñas y mujeres adolescentes en escuelas primarias y secundarias públicas en el estado, y agregaron que no se cuenta con cifras oficiales sobre esta problemática.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas, señalaron que las autoridades educativas fomentan la impunidad, desacreditan los testimonios de las víctimas, y actúan en complicidad con los agresores encubriéndolos o removiéndolos a otro plantel, lo que pone en riesgo la integridad física y psicológica no sólo de las víctimas sino de otras niñas.
Este mecanismo de impunidad derivó en que las menores de edad no denuncien por temor a que no se les crea, tengan sentimientos de culpa y vergüenza, sientan miedo a las amenazas de los docentes, y no confíen en el sistema de justicia, lamentaron.
Criticaron que esto ocurra a pesar de que tanto el Congreso de Chiapas como el gobernador Manuel Velazco Suárez se adhirieron en 2013 a la “Iniciativa 10 x por la Infancia” –impulsada por UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México–, bajo la cual se comprometieron al cumplimiento de 10 medidas estratégicas para avanzar en la defensa de los derechos de la niñez, especialmente en la familia, la escuela y la comunidad.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles de gobierno, para que tomen medidas necesarias para prevenir, atender y eliminar cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, y garanticen el interés superior de la niñez establecido en diversos artículos de tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Esto a fin de garantizar atención y justicia inmediata, el derecho al debido proceso, y la integridad física y psicológica de todas las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Chiapas, realizar una investigación urgente, pronta e imparcial, y castigar conforme a la ley a quienes resulten responsables de las agresiones omisiones y complicidades.
También pidieron que se realicen las adecuaciones procesales correspondientes para evitar la revictimización de las niñas y adolescentes denunciantes; se implemente un sistema de protección de los derechos de la infancia que prevenga la repetición de la violencia, y se implemente un Programa Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Sexual.
Hicieron un llamado especial a la Secretaría de Educación Pública para que tome medidas correspondientes para sancionar y destituir a los maestros agresores.
red no a la explotacion 