Estoy cansada de denunciar, es perder el tiempo (declara víctimas de violencia en Bolivia)

Declaraciones de Lisberth Vargas, una mujer boliviana que denuncio intento de asesinato, violación, golpiza y amenaza contra ella y abuso sexual y maltrato contra su hijo:

“Estoy cansado de denunciar, es perder el tiempo. Las victimas pareciera que tuvieran un cartel en la frente que dijera ¡jodeme!.

En Bolivia no hay garantía de derechos constitucionales. La justicia está del lado del accionar político.

Un abogado que denuncia corrupción no encuentra en la justicia boliviana garantías constitucionales para ejercer su labor.

El tata Cusi, un magistrado indígena, está suspendido y no puede trabajar, le sacaron la pensión, seguro medico, no tienen sueldo y no puede ejercer su profesión y todo por dar un fallo contra el gobierno Boliviano, esto implica que ahora nadie quiera dar un dictamen contra el estado.

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Hace 5 años, desde el 2011, que denuncio varios crímenes contra mi persona y mi hijo, y  nunca estuvieron detenidos los agresores, hay que acumular pruebas, gastar dinero y mucho tiempo e influencia, para que al final, nada cambie y sigan vulnerando nuestros derechos.

En Bolivia pareciera que el estado diera jurisprudencia para defender la corrupción, es una recomendación a la Justicia desde el estado, esto lo digo por comentarios de varios abogados en congresos sobre justicia Boliviana, en donde estos hablan de diferentes casos judiciales en donde se defiende, o se entorpece el accionar judicial en defensa del interés político del gobierno de turno.”

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Hablando con una abogada, investigadora y diseñadora del proyecto de ley contra la violencia a la Mujer, La doctora en leyes Rosario Baptista, pariente directa de un ex presidente de Bolivia. Nos decía: “que muchas veces los profesionales que denunciamos el mal accionar del estado o de la Justicia Boliviana, después caemos en una Lista Negra, en donde las personas incluidas en esa lista no encuentran trabajo o se les entorpece gravemente su labor.

Los Funcionarios del Estado pareciera que las criticas le afecta a su imagen, porque son personas  que trabajas públicamente, esto lleva que sus acciones, para evitar estas críticas, sean más drásticas, el impacto en su imagen hace que sus actitudes, sus respuestas, sean más complicadas.”

Baptista nos sigue contando: “mis hijos no quieren saber nada de política, más que nada por lo que ven lo que implica hacer política ahora. Las nuevas generaciones no quieren saber nada de política.”

 

 

nelson_vilca_1(Entrevistador) ¿Que podemos hacer para que cambie esto en Bolivia?:

(Baptista) “Es algo extraño, es triste, una vaina, esta institucionalizado la corrupción, estamos acostumbrados a que funcione así, es un proceso largo de educación.

Si quisiéramos cambiar algo por medio de las leyes, no creo que lo logremos, se ha comprobado que las leyes no cambian por sí mismo, las actitudes.

El sistema judicial está sustentado por el estado. Se ha querido hacer una reforma para mejorar el sistema judicial, pero lo han complicado.

Se ha replanteado que la elección de magistrado sea elegido por organizaciones sociales-campesinas e indígenas, y estos han elegido a profesionales que solo siguen las ordenes del gobierno de turno o las organizaciones que lo han elegido. No se ha elegido a los más capaces, si no a los mas obedientes.  El Gobierno actual ha reconocido que esto no es mejorar el sistema porque no han sabido elegir a los mas conocedores, esto, de alguna forma, ha insultado, humillado  a los magistrados, por el hecho de decirles que no eran los más capaces,  pero mas allá de esto no cambia nada. Delegaron la elección de los magistrados a los movimientos sociales, y estos, han elegido a indígenas pero no a los más idóneos. La corte suprema es la estructura más superior de la Justicia y solo los más capaces e idóneos pueden cubrir esos cargos.

En cambio se ha puesto a jóvenes y viejos sin experiencia judicial que solo obedecían las órdenes del estado.

Esta política, hasta en los casos más simples, ha deteriorado la calidad del sistema Judicial”.

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Según índices internacionales El 70% de las bolivianas es víctima de maltrato. Para que se tenga una magnitud de esto le pasamos algunos índices. Según la OMS el índice de violencia ronda entre un 15% en Japón y un 71% en Etiopía y Perú, estos índices se refieren a haber sufrido violencia física o sexual.

Según datos del Cidem, (organización boliviana que lucha contra la violencia contra la mujer), los feminicidios, en el país andino, el 97% de los casos quedan impunes. Bolivia, según la ONU, es el país con más violencia contra la mujer en Latinoamérica.

Si bien en el 8  marzo del 2013 el presidente boliviano promulgó la ley 348 que prevé medidas de prevención y la protección, e incorpora al feminicidio como delito de orden penal, con 30 años de cárcel y sin posibilidad de indulto. Esto no implica que la ley sea cumplida en su totalidad.

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En la mayoría de las entrevistas que realizamos a las diferentes organizaciones de derechos humanos en Bolivia, las declaraciones eran las mismas. El mayor infractor de las leyes bolivianas, son los mismos representantes o empleados del estado Bolivianos. A esta afirmación queremos resaltar que se incluye con marcador rojo al presidente, gobernadores, alcaldes (intendentes), jueces, abogados policía y sistema de salud y educación.

Pero a estas afirmaciones se suma a que cuando la víctima denuncia un caso de violencia, en el sistema judicial, su corrupción, su retardación, sus costos, sus prejuicios y sus malos tratos, más allá de que la Ley exija lo contrario. Hace que las mayorías de las mujeres terminan no denunciando, y las que denunciaron, después de un año o dos de sufrimiento y humillación por parte del estado y su modelo de justicia, hace que estas desestimen de continuar con el proceso judicial.

También se suma como agravante que el sistema de salud y de educación, también tengan sus actitudes machistas, burocráticas, pocos pragmáticas y para nada solidaria con las víctimas de acoso, maltrato o violencia.

Si bien hay discursos, y programas para evitar todo esto, pero si no está acompañado con la sensibilización y capacitación de los operadores en la área de salud y educación, es muy difícil que prospere una ayuda eficaz y pronta a las víctimas.

En Bolivia, en el marco de la nueva ley contra toda clase de violencia, está tipificado, proyectos, planes y recursos. Los mismos ya se han girado y aprobado y están en las arcas del municipio y gobernación de varias regiones. Pero cuando vamos a comprobar la implementación de los recursos, nos topamos con que no están siendo utilizados en su totalidad el dinero, que están varados por alguna razón que nadie sabe responder.

Lo cierto que los funcionarios han aprobado los recursos económicos, pero las acciones no se ven y los recursos desaparecen.

Si bien se realizan talleres, con un alto costo, difusión, publicidad, pero no así los refugios, equipamiento, dinero para mayor personal y estabilidad laboral para los mismos.

Es decir que la corrupción estatal y el sistema judicial que no hace justicia alimentan mucho más a la impunidad y a la continuidad de más casos de violencia.

Si el sistema de prevenir y actuar antes del feminicidio funcionara, habría menos casos de asesinatos de mujeres, pero esto no cambiara si no se cambia el pensar de las personas.

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<><><> 彡ヽ(ಠ▽ಠ)ノ彡 <><><>
saludos de Nelson Vilca
Comunicador originario
agenciadenoticiaspueblosoriginarios.wordpress.com

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Acerca de vilcanelson

comunicador e investigador en derechos humanos
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